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César David Loma Núñez

INMIGRACIÓN PELIGROSA

Por: César David Loma Núñez*.

La falta de seguridad ciudadana ha pasado a ser en los últimos tiempos uno de los temas centrales de preocupación de la población en esta parte del mundo y, por lo tanto, una de las cuestiones a resolver, o por lo menos a ser controladas por aquellas autoridades internacionales, nacionales, departamentales y locales, que desde el ámbito de sus competencias, están obligadas por ley en la defensa de la Sociedad.

Convengamos hasta aquí que, la crisis de la seguridad y su correlativa necesidad de reforma – a pesar de su importancia y de la necesidad de un debate en profundidad- han conducido a que, en ocasiones, desde determinados ámbitos o esferas gubernamentales, se formulen recetas para actuar sobre los síntomas y no principalmente sobre las causas.

Diversos estudios y encuestas han demostrado que, la violencia, no está causada sólo por factores individuales aislados al interior de nuestra sociedad, sino por una telaraña de conexiones entre estructuras, procesos y comportamientos a nivel comunitario, generándose, de esta manera, una ruptura del tejido social que detiene el crecimiento y rompe la convivencia pacífica.

Un estudio sobre la delincuencia en Bolivia, realizado por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope) y la Empresa Nacional Focaliza – Investigación de Mercados, señala que, nueve de cada diez bolivianos residentes en las principales ciudades del eje central, se sienten afectados por la delincuencia, cuyo incremento es ‘indiscutible’, y que, Santa Cruz de la Sierra, es la ciudad más insegura del país. Esta encuesta se realizó la primera semana de julio, del 2011, en 740 hogares de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.

La muestra establece que, el 91% de los encuestados, manifiesta sentirse afectado de manera directa por los hechos delincuenciales, siendo los cruceños, con el 97%, los que presentan mayores niveles de afectación, seguidos por los cochabambinos (89%) y paceños (87%). En el estudio también se fundamenta que, en cuanto al género, las mujeres son las que se sienten más afectadas  – 92% a 89%, en relación a los hombres -, mientras que, por rango de edades, los ciudadanos de entre 36 y 45 años y los de 18 a 25, son quienes se consideran victimizados por los delincuentes.

Si observamos la estadística descrita precedentemente, y, -tal como era de esperarse-, en la opinión pública boliviana resulta identificable hoy, una conexión atávica y difusa entre inmigración e inseguridad ciudadana, pues en los análisis y en los escenarios de debate no se considera la inmigración como un alfil dentro del tablero de la inseguridad.

En esa línea, de acuerdo a los datos que maneja la Dirección General de Migración en Bolivia, anualmente se registra un ingreso de extranjeros que supera el millón de personas, de los cuales el 60% sale del país y el 40% restante que asciende a cuatrocientas mil personas- permanecen en territorio nacional durante un año. De un millón de extranjeros que ingresan a Bolivia, se deportaron la cantidad de 276 ciudadanos extranjeros, lo cual representa tan solo el 0.02% durante doce meses. *Fuente: Dirección Nacional de Migración – Gestión 2008.

En Bolivia, según datos de la Dirección de Régimen Penitenciario, hay 646 presos de 38 países por delitos graves. Las estadísticas indican que el 71% está condenado por el delito de narcotráfico, mientras que el delito que le sigue es el de robo con el 15.47% y el de asesinato con un 5.3%, respectivamente. Esta población carcelaria, está clasificada en el siguiente rango: ciudadanos peruanos con 211 internos, seguidos de colombianos con una población de 104; brasileños, 88; argentinos, 50; españoles, 46; y chilenos 26.*Fuente: Dirección de Régimen Penitenciario.

Estas cifras podrían incrementarse en los próximos meses, si consideramos el tráfico fronterizo, pues a la luz de los acontecimientos, no existe en nuestro país, la migración planificada (emigración-inmigración). La inmigración espontánea entendida como aquella que permite el ingreso de personas extranjeras por su propia iniciativa y a sus expensas, sin otras limitaciones que las establecidas por las leyes de la República, supera a la inmigración selectiva; es decir que, del conglomerado total de personas extranjeras que ingresan a nuestro territorio, recibimos a ciudadanos sin contar con suficientes antecedentes e información que permitan garantizar una estadía y tránsito “cristianos” en el territorio nacional, pues nuestra capacidad logística y operativa está centrada principalmente en el carácter registral del ingreso y no del seguimiento.

Este hecho debería causar seria preocupación a las autoridades de turno, por un lado, y a la ciudadanía por otro, puesto que los índices de criminalidad en Bolivia están en aumento y su materialización cuenta con la participación de antisociales extranjeros que están poniendo en práctica su “alta escuela” no sólo en los delitos de narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas, trata de personas, tráfico de órganos, sino también ahora en los delitos informáticos, provocando inseguridad en la población y estigmatizando a nuestro país, de cara al mundo.

Ante tales circunstancias y sin pecar de xenófobo, considero que los mecanismos de control y seguimiento del Servicio Nacional de Migración en Bolivia –SENAMIG-,  no son  suficientes, pues la tarea de control al inmigrante, es eminentemente de tipo burocrático y las medidas de seguridad no se focalizan sobre la prevención y la inmigración selectiva, entendida ésta última como aquella que procura el asentamiento de inversionistas probados, profesionales idóneos en general, técnicos medios y mano de obra calificada.

En lo que respecta al marco normativo nacional, el artículo 12 párrafo II de la Constitución Política del Estado Plurinacional señala que son funciones estatales las de control, defensa de la sociedad y la defensa del Estado. Por otro lado, el artículo 18º del Decreto Supremo No. 25.150 de 4 de septiembre de 1998, faculta a la Dirección de Inspectoría y Arraigos del Servicio Nacional de Migración (SENAMIG) a Controlar la actividad de extranjeros que directa o indirectamente infrinjan las leyes de la República, así como determinar la expulsión de ciudadanos extranjeros y a planificar y coordinar con la Unidad Policial de Apoyo y Control Migratorio (UPACOM), las acciones de control que correspondan en el territorio nacional.

Como podemos ver, el Estado Nacional está facultado para ejercer funciones de control preventivo no solamente a través de diversos actos administrativos como ser: autorización, aprobación, visto bueno, etc., sino que además, su ámbito de acción, puede superar tales esferas, poniendo en práctica el derecho-deber de “vigilancia” en el marco constitucional de la función de control atribuible al Estado Nacional.

Por lo expuesto, y a manera de conclusión, inicialmente considero necesario renovar y fortalecer el marco jurídico relacionado con la inmigración en Bolivia. Para ello, propongo crear una Ley de la República, pues a la fecha, nuestro país maneja la problemática de migraciones sobre la base de un Decreto Supremo, que no guarda relación con la realidad y menos aún tiene el sustento suficiente para ajustarse a los lineamientos de la comunidad internacional en lo que a migraciones se refiere.

En segundo lugar, sería preciso elaborar y recopilar datos fidedignos acerca de la inmigración irregular en Bolivia, que permita a las autoridades de nuestro país establecer políticas y lineamientos sobre la situación con carácter permanente.

Luego, en tercer lugar, considero necesario, y de manera transversal, reglamentar la inmigración regular e irregular con relación al empleo y a las inversiones en Bolivia.

En ese contexto, sugiero que se deben reforzar todos los puntos fronterizos en nuestro país, dotándolos de equipos y la tecnología suficientes para fortalecer las tareas de autorización, control y seguimiento a las inmigraciones.

Finalmente, con el ánimo de convivir de manera pacífica con los inmigrantes en nuestro país y en aras de alcanzar juntos el progreso, el Estado Nacional, en el marco de las relaciones bilaterales, y en el ámbito de los Acuerdos de Integración Regionales y Mundiales, debería promover las inversiones, las alianzas estratégicas, el desarrollo industrial y tecnológico sobre la base de la inmigración selectiva y no sobre una inmigración espontánea como acontece actualmente.

*El autor es:

Abogado, Máster en Derecho Empresarial y Doctorando en Derecho por la Universidad del País Vasco.     

Miembro Asociado en Loma & Asociados                                 

Email: loma.abogados@gmail.com / cesarloman@gmail.com

Web:   www.altaloma.wordpress.com

Telefax:(591-3)333-8273

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